Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), cada vez más conocidas como agencias privadas de empleo, se han ganado a pulso un papel relevante en el mercado laboral y el reconocimiento de empresas públicas y privadas y los sindicatos. Sin embargo, siguen vetadas en sectores como la construcción y las administraciones públicas, una situación con la que el Gobierno está dispuesto a acabar y más ahora con un mercado de trabajo en pleno declive.Después de unos duros comienzos, en los que las centrales sindicales centraron sus críticas en las ETT, como responsables de la precariedad y la temporalidad laboral, los hechos y el tiempo han provocado un cambio radical en la concepción sindical y general de estas agencias. Los sindicatos son ahora firmes defensores de éstas, que han demostrado menor precariedad, más productividad y formación y menos desempleo en los sectores que trabajan.Papel en la industriaLa industria es el ejemplo claro. Según Agett, patronal de las grandes agencias privadas de empleo, en la industria, en la que ocho de cada diez contratos temporales pasan por las ETT, la precariedad, la siniestralidad es mucho menor que el resto de los sectores, en los que las ETT participan de media en el 16% de la contratación eventual. Mientras, la formación, en las que las ETT invierten un 1,25% de su masa salarial , y la productividad son mucho mayores en la industria que en la construcción, un sector en el que, de momento, las agencias privadas están fuera.Con este balance, el Gobierno está decidido a incrementar la participación de las ETT -que mueven 750.000 contratos anuales-en el mercado laboral y facilitar su entrada en los sectores prohibidos.El secretario general de Empleo, Antonio González, ha insistido en la necesidad de acabar con los vetos que tienen estas empresas en determinados sectores productivos y como objetivo ha quedado plasmado en diversos acuerdos de negociación colectiva, en los que se aboga por una mayor participación de las agencias en la intermediación laboral.Pero la espectacular desaceleración del empleo, sobre todo en la construcción, ha hecho que el Gobierno esté decidido a poner en marcha medidas concretas que afectan a las ETT y al sector inmobiliario. El ministro Caldera y Antonio González han anunciado que el próximo viernes 15, el Gobierno prevé aprobar un Plan para reinsertar a los parados del sector inmobiliario. Antes de llevarlo al Consejo de Ministros, se discutirán con los sindicatos, pero entre otras cuestiones se prevé un impulso de la movilidad geográfica -para ajustar la oferta y la demanda- y echar mano de las ETT para que intermedien en el mercado.El papel que juegen puede ser determinante. Así, según un estudio de la Confederación de Agencias Privadas de Empleo (Eurociett), realizado por la consultora Bain, la eliminación de las restricciones de las ETT para trabajar en la construcción en España supondría la creación de 79.211 nuevos empleos en el sector en los próximos cinco años.El informe destaca también que la eliminación selectiva de trabas a las ETT en Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Bélgica y España supondría un ahorro de 3,6 billones de euros por reducción en las prestaciones de paro y de 8,9 billones por ingresos fiscales. Para Francisco Aranda, presidente de Agett, resulta evidente, a través del estudio, que la eliminación selectiva en España de restricciones injustificadas y únicas en Europa ayudaría a mejorar la situación del mercado laboral español y a ahorrar recursos públicos".
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 9-2-2008

China es un gigante tragón

En China todo es excesivo. El gigante, dispuesto a comerse el mundo, lleva cinco años creciendo por encima del 10% y su población se ha triplicado, pese al control demográfico, en sólo 50 años, hasta llegar a los 1.500 millones de habitantes.Las demandas de sus ciudadanos, que dejan a un ritmo espectacular los registros de pobreza, y su economía, basada en la industria, han convertido a la cuarta potencia económica en una gran aspiradora que no tiene límite a la hora de absorber y tragar recursos energéticos y materias primas. Cada vez son más los chinos que alcanzan un poder adquisitivo de clase media. Según informe de La Caixa, hasta los hábitos alimenticios han cambiado.
El arroz pierde peso en la dieta y el consumo de carne se ha triplicado en apenas dos décadas. En parte, éstas son las claves del aumento de precios de las materias primas a nivel mundial. Pese a todo, cerca de 90 millones de personas viven con menos de un dólar diario y el paro es una realidad muy difícil de combatir y que no se refleja en las cifras oficiales. Cada punto de crecimiento sólo saca del desempleo a 800.000 chinos.La avidez de recursos, de todo tipo, queda patente en su demanda de petróleo. Desde el año 2000, China ha sido responsable del aumento del 35% del consumo de crudo y ya es el segundo consumidor mundial, cuando hace apenas tres lustros era el quinto.
La Agencia Internacional de la Energía sitúa en 2010 a China como el mayor demandante energético mundial y junto a la India, que reclamará la mitad de los estos recursos a partir del año 2030.La contrapartida es que cada vez son más los expertos y analistas que consideran que la feroz demanda china y de otros emergentes va a suavizar la crisis mundial. Un favor, no preconcebido, a Occidente.Sus necesidades y sus demandas, han hecho que los chinos conviertan África en un apéndice, adelántandose a cualquier otro país. Allí, el dólar diario con el que subsisten seis de cada diez chinos es una fortuna. En África está el futuro y, además, es la despensa mundial. A los chinos, el mundo se les ha quedado pequeño y ahora exploran también la Antártida en busca de recursos. También llegarán antes o, seguro, lo explotarán más y peor.

Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 21-2-2008

A la hora de elegir, los empleados públicos tienen claro que la sanidad privada es la mejor opción. El 91% de los funcionarios se ha decantado este año por una de las nueve entidades privadas que, a través de un convenio con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), prestan asistencia sanitaria a los trabajadores de la Administración central.
La decisión de la plantilla pública además ha dado una alegría presupuestaria al Gobierno, puesto que por cada funcionario que opta por una de las entidades privadas —Aegón, Adeslas, Asisa, Caser, DKV Seguros, Groupama, La Equitativa de Madrid, Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial de Santander y Mapfre Caja Salud— se ahorra un 40% con respecto a si el empleado hubiese elegido la Seguridad Social, según los datos facilitados por DKV Seguros, que se desprenden de un informe elaborado por PriceWaterhouseCoopers.Panorama
Según esta entidad aseguradora, que un 9% de los funcionarios no estén adscritos a la sanidad privada se debe más a dificultades para acceder a ella —por no tener un centro cercano fundamentalmente— que por una decisión voluntaria. Reconoce que el porcentaje de los que deciden la prestación privada subirá progresivamente a medida que las sociedades vayan ampliando sus zonas de influencia.
Mientras, las entidades sanitarias, que no ganan e incluso pierden dinero por el convenio suscrito con la Administración, pero que se ven compensadas por el incremento de nuevos titulares, han visto este año un importante avance, ya que en el acuerdo suscrito con Muface prevé el pago de dos cantidades diferentes dependiendo la edad de los funcionarios.
Muface abonará en 2006 a las entidades aseguradoras 56,27 euros por mes por cada funcionario que a 31 de diciembre de 2005 tuviese 65 años o más.
Mientras, la cantidad que se pagará si el beneficiario protegido tiene a esa fecha menos de 65 años será de 47,45 euros.
El colectivo de Muface asciende a más de 1.600.000 personas entre titulares y beneficiarios. Cada titular tiene como media un beneficiario, según los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas. Cada año, la Ley de Presupuestos fija una cuota del sueldo que el funcionario debe pagar a Muface. En 2006 es del 1,69% de la retribución, mientras que el Estado aporta algo más del 5%.Cotización
Se cotiza mensualmente, siendo el doble el abono de junio y diciembre, meses en los que los empleados públicos tienen paga extra.
La cuota mensual para 2006, según el grupo funcionarial al que pertenezca el mutualista, oscila entre un máximo de 42,37 euros —para el A— y un mínimo de 17,27 euros mensuales —para el nivel más bajo, el E—.
Están incluidos, de forma obligatoria, en el campo de aplicación del mutualismo administrativo todos los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en cuerpos de la Administración Civil del Estado.
La evolución de funcionarios que se decantan por las entidades privadas ha sido progresiva en los últimos años.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en 2005 había 1.546.409 de funcionarios y beneficiarios en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. De estos, 727.023 eran titulares de entidades, mientras que sólo 117.259 eran titulares del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los beneficiarios del INSS eran 90.726 y los de las entidades privadas, 611.193. Es decir, el 86,6% de los empleados públicos optaron por la sanidad privada.
En 2001, el número de funcionarios y familiares de estos en Muface era mayor que el año pasado y ascendía 1.719.436. De estos, 1.397.858 eligieron las aseguradoras privadas, el 81% del total.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 9/3/2006).

La economía, peor de lo previsto

El Banco de España puso ayer blanco sobre negro algo que hace varias semanas estaba latente en la economía española. Los últimos datos de producción industrial, confianza de los consumidores, evolución del sector exterior y actividad de la construcción o ritmo de matriculaciones de automóviles no eran más que la punta del iceberg de un nada deseable, pero certero frenazo de la economía española, tal y como adelantó LA GACETA.
El dato de Contabilidad Nacional del INE ya anticipaba una importante desaceleración en el último trimestre del año hasta una tasa interanual del 3,5%, tres décimas menos que en el trimestre anterior. Pero a la vista del último Boletín Económico del Banco de España, lo peor aún está por venir. Pese a que desde la autoridad monetaria no se dispone aún de la estimación del crecimiento para el primer trimestre del año, parece claro que será sensiblemente inferior a este 3,5%, lo que, sin duda, arroja serias dudas para que en el conjunto del presente ejercicio se alcance una tasa de crecimiento medio del 3,1%.
La entidad gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez aportó una importante dosis de incertidumbre, prácticamente a diez días de las Elecciones Generales del 9-M, al afirmar que los datos más recientes apuntan a una “desaceleración algo más pronunciada” de la actividad al inicio de 2008, como consecuencia de un entorno internacional en el que se han intensificado las tensiones en los mercados financieros internacionales. Así señala que en febrero se ha acentuado el tensionamiento en los mercados de crédito internacionales, en un contexto financiero particularmente complicado, con importantes pérdidas de los banco de inversión con exposición a los mercados de derivados y dificultades en las compañías aseguradoras de bonos.
Entre los indicadores relativos al consumo privado, la confianza de los consumidores prolongó en enero el perfil descendente mostrado desde agosto pasado, registrando así su sexta caída consecutiva, con lo que fija el nivel mínimo desde mayo de 1994. Buena culpa de esta negativa evolución también la tiene la negativa percepción de los hogares sobre las perspectivas del desempleo, así como el debilitamiento de sus expectativas acerca de la situación económica general. En línea con esta tendencia está el dato de matriculaciones de enero, que reflejó una caída interanual del 12,7%, tras el aumento del 6,3% de diciembre. Sin embargo, matiza que estas cifras han podido estar afectadas por la entrada en vigor el 1 de enero del nuevo impuesto de matriculación.
Tampoco la inversión retoma el vuelo. Según se desprende de los indicadores relativos a la inversión en bienes de equipo, podría estar reflejando una moderación de la fortaleza de esta variable.
Otro dato altamente preocupante es el de la construcción. Los indicadores que analiza el Banco de España resultan coherentes con una intensificación de la ralentización registrada en los meses precedentes. Tanto los indicadores de empleo como los relativos a consumos intermedios evolucionaron en enero de un modo más desfavorable que en los meses precedentes. El Banco de España realza “el notable crecimiento” en enero en el número de parados registrados del 27,1% interanual. Los últimos datos sobre negociación colectiva reflejan un incremento salarial para 2008 del 3,3%, cuatro décimas más que en 2007.

Jesús García, en La Gaceta de los Negocios, 27-2-2008

Confieso que he evadido

El arrepentimiento, en asuntos fiscales tiene ventajas y es una práctica cada vez más frecuente, al menos en nuestro país. Los españoles presuntamente implicados en la trama de Liechtenstein están a tiempo de atenuar las consecuencias de sus manejos financieros y evitar así la responsabilidad penal. La ley española da un plazo de 30 días para regularizar la situación con el Ministerio de Hacienda.
Es una práctica cada vez más habitual —que se puede constatar en las últimas cifras del Plan de Prevención del Fraude Fiscal— incitar a la regularización voluntaria de la situación fiscal por parte de quienes se ven cercados por las actuaciones antifraude. Así, en 2007 creció un 35% la recaudación por declaraciones voluntarias, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tilda de “efecto inducido” por el refuerzo de las actuaciones de prevención.
Sin cuantificar
A diferencia de las autoridades alemanas, las españolas todavía no han cuantificado el dinero evadido a Liechtenstein, lo que proporciona un margen de tiempo posiblemente no premeditado pero que permitirá que muchos defraudadores aclaren su situación. En esta línea ha actuado Alemania, cercando la evasión fiscal de tal modo que ha logrado la confesión de 90 evasores de impuestos locales que desviaron fondos a Liechtenstein a través de bancos y fundaciones de este paraíso fiscal. Otros 72 contribuyentes han evitado la cárcel autoinculpándose.
Esta red de ocultación fiscal y evasión de capitales se desbarató gracias a un disco que facilitó un antiguo empleado del banco LGT deLiechtenstein, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes, a cambio de una cantidad próxima a los cinco millones de euros.
Las autoridades alemanes han usado un método cuestionado por muchos pero que ya se aplicó en los inicios de nuestra Agencia Tributaria, en 1992. Había un premio para los delatores de defraudadores, que era el equivalente al 5% de la deuda descubierta. Pero la solución era insostenible y la persecución implacable. Además, era imposible realizar comprobaciones y el problema surgía cuando el defraudador se declaraba insolvente.
La Agencia Tributaria ha intensificado el control en aquellos ámbitos más proclives al fraude, como las empresas constructoras, promotoras y prestadoras de servicios inmobiliarios. También sigue de cerca la AEAT las operaciones efectuadas con billetes de 500 euros, aunque por su elevado volumen y el minucioso carácter de las comprobaciones se estima que sólo se ha podido revisar el 1% de las operaciones. El uso de billetes de 500 euros se considera un indicio del uso de dinero negro, foco importante en nuestro país, donde se considera que uno de cada cuatro euros en circulación lo genera la economía sumergida.

E. Morales e I. Acosta, en La Gaceta de los Negocios, 27-2-2008

Primero fueron los inmigrantes los que, con su trabajo, recompusieron y estimularon un mercado laboral totalmente desajustado, con tasas de desempleo antieuropeas y en el que unos pocos trabajaban para garantizar las pensiones de muchos. Ahora, paradójicamente, son los más mayores, unos de los principales beneficiados de aquella situación, los que han convertido su cuidado en un auténtico filón laboral y han dado un respiro a un mercado de trabajo en pleno declive.
Los trabajos relacionados con los servicios sociales y sanitarios han salvado en 2007 las cifras de afiliación a la Seguridad Social y ya son responsables de cuatro de cada diez nuevos registros en el sistema, un indicio de que ya no se crea empleo en otros sectores.
El año pasado, el sector servicios generó nueve de cada diez afiliados y prácticamente la mitad —203.000— fueron en áreas que afectan a la atención de dependientes y sanitaria.
El mercado de la dependencia se está moviendo con fuerza pese que apenas comienza a andar. A principios de 2007, la Ley de Dependencia, que regula el derecho de las personas que no se pueden valer por sí misma puedan recibir atención por parte del Estado, entró en vigor.
El calendario recogía ya que en 2007 cerca de 200.000 dependientes graves se incorporasen a este sistema de protección. Su atención sin duda ha multiplicado exponencialmente la personas que trabajan en servicios sociales, fundamentalmente en el sector público. El Gobierno cifra en 1,1 millones las personas dependientes, un colectivo se nutre de mayores de 65 años y que alcanzará 1,5 millones en 2020. En 2015 habrá 8,5 millones de mayores de 65 años.
A la vista de los datos, la previsión del Gobierno de 300.000 trabajadores dedicados a los dependientes en 2015 puede ser demasiado moderada.
Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 25-2-2008


El pasado lunes se levantó el telón de la Campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Será el primer impuesto que se liquida de la última reforma fiscal llevada a cabo por el vicepresidente económico, Pedro Solbes y que entró en vigor el pasado año 2007. Sin embargo y pese a que el mayor argumento que se transmitió de esta reforma, era el que se trataba de una rebaja de impuestos generalizada en la línea de aumentar la equidad, las cifras no vienen a confirmar este objetivo. Según se desprende de un ejercicio de microsimulación realizado por los profesores José Félix Sanz, Desiderio Romero y Juan Manuel Castañer, el nuevo IRPF genera un importante número de perdedores, a otros tanto les resulta indiferente, mientras que un porcentaje mucho más reducido ha salido ganando con esta reforma. Este trabajo que analiza la evolución de los tipos medios en la liquidación del impuesto, es decir lo que se paga efectivamente a Hacienda, pone de relieve que de un total de 18,2 millones de declarantes, prácticamente 9,1 millones (el 50,2%) sufrirán una subida de su tipo medio, o lo que es lo mismo, que tendrán que pagar más este año, de lo que hubiesen pagado de no haberse llevado a cabo la reforma fiscal. Para algo más de 6 millones de contribuyentes (32,99%) este impuesto les resultará indiferente, es decir, que pagarían lo mismo que antes, mientras que tan sólo 3 millones (el 16,8%) saldrían ganando con la reforma, o lo que es lo mismo, pagarían menos a Hacienda. Dentro del grupo de "perdedores" (ver gráfico) será a partir de la cuarta decila donde se aprecia un mayor número de contribuyentes que tendrán que hacer frente a un mayor pago de este impuesto, si bien corresponde a aquellos niveles de renta mayores, a partir de los 23.682 euros anuales, donde el porcentaje de perdedores llega a superar el 80%. Dentro del grupo que ni gana ni pierde con este impuesto, son los de menor nivel de ingresos lo que engrosan prácticamente la mitad de los indiferentes. En concreto el 92,22% de los más de 1,6 millones de declarantes que presentan ingresos hasta los 6.512 euros no les afecta ni en uno ni otro sentido la reforma, mientras que el 59,45% del millón largo de declarantes que tiene ingresos entre los 6.513 y 9.198 euros también tiene un efecto neutral. Dentro del grupo de ganadores, se pone de manifiesto como las denominadas clases medias son las que que tienen un menor porcentaje de ganadores, dándose el caso de que el 42,99% de los 78.335 declarantes con rentas comprendidas entre los 102.543 y los 26.288, es decir los de mayor nivel de ingresos, son los que mayor número beneficios tienen por este nuevo impuesto. Este estudio pone de manifiesto como la pérdida media en todos los tramos de renta se sitúa en los 737 euros al año. La ganancia media alcanza los 513 euros.

Jesús García, en La Gaceta de los Negocios, 6-3-2008

Las diferencias entre ricos y pobres han aumentado en los últimos años. Con crecimientos por encima del 3%, no se ha logrado reducir las desigualdades sociales y económicas y el número de personas sin recursos y asalariados con sueldos bajos ha crecido.
A esta situación ha contribuido un incremento de la presión fiscal, que ha penalizado a las rentas de trabajo. La OCDE advertía recientemente que España, tras EEUU, Corea y Holanda, ha sido el país que más ha incrementado la presión fiscal, sin que este aumento de recaudación haya repercutido proporcionalmente en mejoras sociales.
Según un informe elaborado por el Instituto del Capital Social (Incas) de la Universitat Abat Oliba CEU, casi nueve millones de españoles no tienen los ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas, 880.000 más que hace apenas siete años. Por contra, el número de milmillonarios en la bolsa española se ha triplicado en sólo seis años.
Los perdedores natos de este modelo económico han sido los asalariados mileuristas, las familias, los pensionistas y aquellos trabajadores que no han conseguido subidas de sueldo equiparables a la inflación.
Fiscalidad injusta. El IRPF se ha convertido en un impuesto al trabajo. Las rentas medias han sido penalizadas por el aumento de la presión fiscal, mientras que ésta no se ha distribuido bien en relación a las rentas bajas y las rentas de capital han sido beneficiadas.
Familias, castigadas. La familia ha sido uno de los colectivos más desfavorecidos. Sus ayudas sólo equivalen al 0,5% del PIB, frente al 2% de media europea.
Pensiones en mínimos. Sin pensiones, una buena parte de jubilados o viudas formarían parte del 20% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza. Sin esta prestación y sin otras ayudas sociales, alcanzaría el 38%. Sin embargo, España sigue siendo el país europeo, tras Irlanda, que menos presupuesto dedica a sus pensionistas.
Si con crecimientos por encima del 3% e incrementos medios del 10% en la recaudación del IRPF no se ha conseguido crear una sociedad con menos diferencias, ¿qué pasará ahora en plena desaceleración económica?

Estudio completo sobre el crecimiento y la desigualdad de Universitat Abat Oliba CEU.

Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, 5-3-2008



Conseguir un empleo público es la meta de tres de cada diez jóvenes españoles y un buen número de ellos ha visto cumplido su objetivo en los últimos cuatro años. Un sueldo menor y pocas posibilidades de progresar profesionalmente se ven compensadas con un mejor horario, mayores facilidades para conciliar la vida laboral y familiar que en la empresa privada y, cada vez menos, un trabajo para toda la vida.
Desde el segundo trimestre de 2004 hasta el cuarto de 2007, fechas que coinciden con la última legislatura socialista, las administraciones públicas han creado más 170.000 nuevos empleos públicos. Siete de cada diez de estos nuevos trabajos tenían carácter temporal. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), a comienzos de 2008 había 2,9 millones de asalariados públicos, frente a 13,9 millones en el sector privado.
Por su parte, el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas, que edita el Ministerio de Administraciones Públicas, registraba 2.554.582 de funcionarios, la mitad en las comunidades.
Según este Registro de carácter semestral, que lleva sin publicarse desde junio de 2007, el número de funcionarios se había incrementado desde enero de 2004 y hasta mediados del año pasado en cerca de 210.000 efectivos.
Mientras que muchos asalariados del sector privado han perdido su empleo en los últimos meses, el empleo público se mantiene vivo y cada vez más fuerte en pleno periodo de desaceleración.
Si bien es cierto que ha crecido durante casi todo el periodo a menor ritmo que el empleo privado, en los últimos meses ha sido el protagonista del mercado laboral. Ante el aumento del desempleo, las administraciones echan mano de las contrataciones públicas. Esto se evidencia en el porcentaje de empleados públicos con respecto a la población. Extremadura, con la mayor tasa de paro, duplica el porcentaje de empleados públicos de las dos comunidades con menor tasa, Cantabria y la Rioja.
El último dato de Contabilidad Nacional ya apuntaba esta tendencia. Esta la única estadística laboral que ha reflejado un aumento del empleo en el último trimestre de 2007, más 77.000 nuevos puestos. Una mejora ficticia, ya que uno de cada dos de esos empleos lo creó el sector público. Un indicio más de que lo peor está por llegar.

Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios, el 7-3-2008

Conseguir un empleo público es la meta de tres de cada diez jóvenes españoles y un buen número de ellos ha visto cumplido su objetivo en los últimos cuatro años. Un sueldo menor y pocas posibilidades de progresar profesionalmente se ven compensadas con un mejor horario, mayores facilidades para conciliar la vida laboral y familiar que en la empresa privada y, cada vez menos, un trabajo para toda la vida. Desde el segundo trimestre de 2004 hasta el cuarto de 2007, fechas que coinciden con la última legislatura socialista, las administraciones públicas han creado más 170.000 nuevos empleos públicos. Siete de cada diez de estos nuevos trabajos tenían carácter temporal.
Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), a comienzos de 2008 había 2,9 millones de asalariados públicos, frente a 13,9 millones en el sector privado. Por su parte, el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas, que edita el Ministerio de Administraciones Públicas, registraba 2.554.582 de funcionarios, la mitad en las comunidades. Según este Registro de carácter semestral, que lleva sin publicarse desde junio de 2007, el número de funcionarios se había incrementado desde enero de 2004 y hasta mediados del año pasado en cerca de 210.000 efectivos.
Mientras que muchos asalariados del sector privado han perdido su empleo en los últimos meses, el empleo público se mantiene vivo y cada vez más fuerte en pleno periodo de desaceleración. Si bien es cierto que ha crecido durante casi todo el periodo a menor ritmo que el empleo privado, en los últimos meses ha sido el protagonista del mercado laboral. Ante el aumento del desempleo, las administraciones echan mano de las contrataciones públicas. Esto se evidencia en el porcentaje de empleados públicos con respecto a la población.
Extremadura, con la mayor tasa de paro, duplica el porcentaje de empleados públicos de las dos comunidades con menor tasa, Cantabria y la Rioja.
El último dato de Contabilidad Nacional ya apuntaba esta tendencia. Esta la única estadística laboral que ha reflejado un aumento del empleo en el último trimestre de 2007, más 77.000 nuevos puestos. Una mejora ficticia, ya que uno de cada dos de esos empleos lo creó el sector público. Un indicio más de que lo peor está por llegar.

Enrique Morales, en La Gaceta de los Negocios