Claves de Economía

El arrepentimiento, en asuntos fiscales tiene ventajas y es una práctica cada vez más frecuente, al menos en nuestro país. Los españoles presuntamente implicados en la trama de Liechtenstein están a tiempo de atenuar las consecuencias de sus manejos financieros y evitar así la responsabilidad penal. La ley española da un plazo de 30 días para regularizar la situación con el Ministerio de Hacienda.
Es una práctica cada vez más habitual —que se puede constatar en las últimas cifras del Plan de Prevención del Fraude Fiscal— incitar a la regularización voluntaria de la situación fiscal por parte de quienes se ven cercados por las actuaciones antifraude. Así, en 2007 creció un 35% la recaudación por declaraciones voluntarias, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tilda de “efecto inducido” por el refuerzo de las actuaciones de prevención.
Sin cuantificar
A diferencia de las autoridades alemanas, las españolas todavía no han cuantificado el dinero evadido a Liechtenstein, lo que proporciona un margen de tiempo posiblemente no premeditado pero que permitirá que muchos defraudadores aclaren su situación. En esta línea ha actuado Alemania, cercando la evasión fiscal de tal modo que ha logrado la confesión de 90 evasores de impuestos locales que desviaron fondos a Liechtenstein a través de bancos y fundaciones de este paraíso fiscal. Otros 72 contribuyentes han evitado la cárcel autoinculpándose.
Esta red de ocultación fiscal y evasión de capitales se desbarató gracias a un disco que facilitó un antiguo empleado del banco LGT deLiechtenstein, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes, a cambio de una cantidad próxima a los cinco millones de euros.
Las autoridades alemanes han usado un método cuestionado por muchos pero que ya se aplicó en los inicios de nuestra Agencia Tributaria, en 1992. Había un premio para los delatores de defraudadores, que era el equivalente al 5% de la deuda descubierta. Pero la solución era insostenible y la persecución implacable. Además, era imposible realizar comprobaciones y el problema surgía cuando el defraudador se declaraba insolvente.
La Agencia Tributaria ha intensificado el control en aquellos ámbitos más proclives al fraude, como las empresas constructoras, promotoras y prestadoras de servicios inmobiliarios. También sigue de cerca la AEAT las operaciones efectuadas con billetes de 500 euros, aunque por su elevado volumen y el minucioso carácter de las comprobaciones se estima que sólo se ha podido revisar el 1% de las operaciones. El uso de billetes de 500 euros se considera un indicio del uso de dinero negro, foco importante en nuestro país, donde se considera que uno de cada cuatro euros en circulación lo genera la economía sumergida.

E. Morales e I. Acosta, en La Gaceta de los Negocios, 27-2-2008